PARA ACLARARME YO MISMO (2).

La chispa la lanzó el Cardenal Segura y el polvorín estaba ocupado por los antominárquicos, sobre todo la F.A.I y el P.C.
Y comienza el incendio. Primeramente en lo más cercano, Madrid, después, como el efecto imitación, por toda España (Sevilla, Córdoba, Alicante, Valencia y, sobre todo, en mi Málaga (véase “A mi manera”).

Ante la dejadez o debilidad o no prontitud del Gobierno, por su pasividad, es criticado por monárquicos y católicos.

El día 11 la ira popular se ceba, sobre todo, con los jesuitas y arden conventos, iglesias y centros religiosos en Madrid.
Incluso el que presumía de ser católico, mi paisano familiar, Alcalá Zamora, no le daba importancia a lo que estaba ocurriendo, porque todo eso lo han hecho “unos chiquillos que juegan a la revolución”.
Pues, ¡menos mal¡. Porque si son “mayores” y “no juegan” sino que “son revolucionarios”…
Igualmente Azaña se muestra reacio a emplear la fuerza.
Mi otro paisano temporal, Alejandro Lerroux, diría que “la guerra civil se encendió, espiritualmente, con las hogueras del mes de Mayo”.
¿Serían, después, los militares sublevados vistos, por muchos, como los bomberos apagafuegos de los incendios pasados y de los previsibles futuros?.

El día 13 el Cardenal Segura abandona, voluntariamente, España, y su sustituto, el Cardenal Isidro Gomá, se erige en líder de la Iglesia contra la República.
Cuando se identifica la parte con el todo lo más cómodo es no distinguir e ir contra el todo. No todos los republicanos eran anarquistas.

A finales de mes se decreta, formalmente, la libertad de culto: “la religión católica ha dejado de ser oficial” y esto hace reaccionar al Vaticano, que niega el “placet” (el “visto bueno”) al nuevo embajador, Luis de Zulueta.
Además, son clausurados, aunque temporalmente, los diarios El Debate y el ABC.

Se decreta la retirada de los crucifijos de las escuelas, la obligación de tener título oficial de maestro para enseñar en los colegios y la disolución de los cuerpos eclesiásticos del ejército.
Todo esto, además, por un gobierno provisional.
¡Demasiadas cosas, en tan poco tiempo, para poder ser digeridas¡.

El 28 de Junio las elecciones otorgan la mayoría a las izquierdas.
El 14 de Julio se inician las sesiones parlamentarias constituyentes.
Uno de los grandes debates será el sí o el no a la confesionalidad del Estado.

Gil Robles, líder de la C.E.D.A. considera el proyecto inicial como “una persecución religiosa”.
Alcalá Zamora, en defensa de los católicos, afirma que: “si los católicos son mayoría, no se puede legislar contra sus sentimientos, y si son minoría se les debe protección”.
Madariaga decía que, en esta cuestión, “los constitucionalistas cometieron algunas de sus faltas más garrafales”.

El Art. 26, aprobado el 15 de Octubre por 178 votos a favor contra 59 en contra (se ausentaron de la votación 223 diputados) dice: “Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones, sometidas a una ley especial. El Estado, las Regiones, las Provincias y los Municipios no mantendrán ni auxiliarán, económicamente, a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que, estatutariamente, imponen, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a la autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial, votada por las Cortes Constituyentes….”

Naturalmente, ese artículo se redacta pensando en los jesuitas de los que (especialmente de ellos) se recela de la influencia de éstos, sobre todo, en la educación religiosa.

El Art. 27 establece la plena libertad de conciencia y de culto.

Gil Robles advierte a la mayoría parlamentaria: “vosotros seréis los responsables de la guerra espiritual que va a desencadenarse en España”.
Los dos políticos católicos del gobierno, Maura y Alcalá Zamora, dimitirán antes de que las Cortes aprueben el polémico artículo antes citado.
Al día siguiente, 16 de Octubre, el Vaticano expone, públicamente, su malestar.
Pocos días después, el 28 de Octubre, el gobierno declara laborables el Jueves Santo y el Viernes Santo.

Decreto de disolución de la Compañía de Jesús, que contaba con 3.000 religiosos.
Decreto de secularización de los cementerios (medida aprobada, ya, por el gobierno provisional, en Julio).
La Ley del Divorcio (de 1.932) y la Ley de Confesiones y Congregaciones.

Todo lo cual enciende, definitivamente, los ánimos de los católicos, llamados a la movilización en Mayo de 1.933.

La Iglesia recomienda acatar el poder pero afirma, y deja claro, que su poder viene de arriba, de Dios.

El 1 de Enero de 1.932 una pastoral colectiva recomienda a los fieles “trabajar por la modificación de las leyes”.

Y, para acabarlo de rematar, “la Iglesia debería cerrar todos sus centros de enseñanza antes del final del 32”.

Antes de que esta medida se llevase a cabo la Izquierda pierde las elecciones.
La Iglesia ya habla de “horas graves” y comienza a utilizarse el término “cruzada”.

El gobierno de la C.E.D.A., aunque mantiene en vigor las leyes laicistas (más que laicas) suaviza sus efectos y la Iglesia rebaja el tono, ante las elecciones ganadas por la Derecha, y el Parlamento suspende la prohibición de que las órdenes religiosas impartan enseñanza y, contra la Constitución, se carga al erario público el sueldo de los miembros del clero.

El Vaticano, consciente de que la Constitución no va a modificarse, evita firmar un nuevo Concordato.
La conspiración militar está en ciernes y, en ella, la Iglesia Institucional no toma parte, aunque sí lo hicieron algunos sectores católicos, como la C.E.D.A,, A.N.C.P. y la Acción Católica.

El 18 de Julio Franco habla de Patria, pero no de Religión, invoca el orden, pero no a Dios.
Incluso Mola dice que “Iglesia y Estado deben estar separados”.
Igualmente, José Antonio Primo de Rivera entiende que “la tolerancia religiosa es fruto de los tiempos”.

No obstante todo lo anterior, en cuanto el conflicto bélico comienza, la Iglesia apoya, decididamente, a los golpistas.

El 13 de Agosto de 1.936 el Cardenal Isidro Gomá sentencia: “En la actualidad luchan España y la Anti-España, la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie”.


En 1.931 AZAÑA, Presidente del Gobierno Republicano, había declarado, solemnemente: “España ha dejado de ser católica” y actuó en consonancia con esa declaración.
Separando Iglesia y Estado (haciendo un Estado laico), no pagando, del erario público, al clero, la educación no debía tener carácter religioso, introduciendo el matrimonio civil, la ley del divorcio, el entierro civil,…

Cuando todas estas reformas, tan naturales en una república, son interpretadas como un ataque a la Iglesia, ésta reacciona lamentando “el severo golpe” (Cardenal Segura).

La distancia entre Iglesia y República iría agrandándose a medida que pasaba el tiempo.

Aunque el posterior golpe de estado tendría motivos políticos, el conflicto pronto adquiriría un matiz religioso.

El “severo golpe” se tradujo en “muertos”. 13 Obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 263 monjas y miles de personas católicas practicantes o vinculadas a asociaciones confesionales habían sido asesinadas por revolucionarios opuestos al golpe militar, al equiparar “Iglesia” con “Derecha política”.
Se saquearon e incendiaron muchas-muchísimas iglesias y monasterios en toda España, y más en Málaga (véase “a mi manera”).

Ante la barbarie presente, y previsiblemente futura, la Iglesia confió en los sublevados como la única manera de parar la barbarie, y cambiar la situación.
Todo fue más complicado desde el momento en que había muchos católicos en territorio republicano (por ejemplo los católicos del PNV, por lo que los clérigos vascos sufrieron doble persecución: por ser curas católicos y por ser nacionalistas).

La guerra civil no sólo fue una guerra entre republicanos contra sublevados (o viceversa), sino entre católicos republicanos y católicos no republicanos.

Al Obispo VIDAL Y BARRAQUER, arzobispo de Tarragona, que trató de mantener una posición imparcial durante la guerra, fue obligado por Franco a permanecer en el exilio, hasta su muerte, en 1.943.

La Carta colectiva que los Obispos españoles dieron a conocer a los obispos de todo el mundo explicaba que su posición en la guerra civil no era defender el régimen totalitario (a Franco) contra un régimen democrático (la República).
Pero también afirmaban que no podían ser indiferentes ante el peligro real de unos y la esperanza en los otros.
Daban la cifra de 20.000 iglesias y capillas destruidas y totalmente asaltadas y saqueadas, de forma premeditada, en toda España.
Y daban la cifra de 6.000 asesinados, sólo del clero secular (curas), describiendo brutalmente sus muertes: “se les cazó con perros, se les persiguió a través de los montes, fueron buscados con afán en todos los escondrijos. Se les mató, las más de las veces, sobre la marcha, sin más razón que su oficio social”.

La Iglesia y el Movimiento Nacional hicieron causa común, legitimando aquella el discurso de los sublevados, denominándolo “cruzada”, sirviendo los obispos y sacerdotes como capellanes a los combatientes nacionales, administrándoles los sacramentos, bendiciendo las armas y las banderas de los regimientos que partían hacia el frente.
La Iglesia se sintió aliviada con el triunfo de Franco, restableciéndose, además, la compensación económica del clero.

El 20 de Mayo de 1.939, en la iglesia de Santa Bárbara (Madrid) el general Franco entregó la espada de su victoria al Cardenal Gomá.
Ejército, Iglesia y Movimiento Nacional celebraron juntos aquel triunfo.
Pio XII, recién elegido papa, difundió desde el Vaticano, por Radio, el mensaje “Con inmenso gozo”, saludando el resultado de la guerra. Era el 16 de Abril de 1.939.